Rue20 Español/ Rabat
España está llevando a cabo una investigación contra el blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la hacienda pública, estafa y usurpación de estado civil. La denominada operación Pippen, coordinada por el Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Granada, ha permitido detener en Madrid al presunto líder de la organización así como investigar a cerca de medio centenar personas por su presunta participación en los hechos. Además han sido identificadas más de 260 víctimas repartidas por todo el territorio nacional, incluso algunas de otros países, cuyas identidades han sido suplantadas
Análisis de la información obtenida en la Operación Jordan
Esta investigación es la continuación de la Operación Jordan que, desarrollada en marzo del 2022, permitió desarticular una organización criminal que, presuntamente, había “hackeado” sistemas informáticos de instituciones públicas de Madrid y Granada, cambiando la domiciliación de nóminas y derivando el pago a cuentas abiertas con documentación falsificada. En ese momento se arrestaron a ocho personas, por la presunta estafa de unos 53.000 euros, y se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en Madrid donde se intervinieron cuatro vehículos deportivos de alta gama valorados en más de 450.000 euros, unos 50 dispositivos informáticos, 70.000 euros en metálico y unas 400 tarjetas.
Investigadas más de 40 personas y detenido el presunto líder
Con la Operación Pippen se ha continuado la investigación gracias al análisis de la documentación, tanto física como digital, y de la información obtenida en la Operación Jordan, respecto a delitos de blanqueo de capitales, falsedades documentales, contra la hacienda pública, estafa y usurpación de estado civil. Una vez analizada dicha documentación, entre la que destaca más 300 tarjetas de crédito, y la localización de cerca de 1.000 cuentas bancarias utilizadas por el principal investigado, se detectaron nuevos hechos delictivos que, utilizando dichas cuentas abiertas a nombre de terceros, conformaban una estructura financiera compleja. Su finalidad era la ocultación del origen y destino de los fondos investigados transferidos y que, además, era receptoras del dinero procedente de los delitos investigados en la primera operación.
Los agentes han investigado el uso indebido de los datos de identidad de multitud de personas, la mayoría de ellas repartidas por toda la geografía española e incluso algunas de otros países, para registrarse en conocidas casas de apuestas online consiguiendo bonos de bienvenida para, posteriormente, vender y utilizar dichas cuentas de juego registradas para realizar apuestas burlando los límites de las casas de apuestas deportivas, consiguiendo grandes beneficios que posteriormente han de tributar las personas suplantadas. Para realizar estas operaciones, el principal investigado se valdría de personas de su confianza para conseguir nuevas identidades, así como la compra de documentos en la red de internet. Hasta el momento, los investigadores han identificado a más de 260 víctimas y la compra de más de 1.500 documentos de identidad.
Han sido identificados cerca de medio centenar de personas implicadas en esta trama, considerados como colaboradores de los delitos descritos. De igual forma, se han localizado y analizado cerca de 1.000 cuentas corrientes de diferentes entidades bancarias utilizadas por la organización, con unos ingresos totales de más de 7.760.000 euros. Además, se habría defraudado a la hacienda pública más de 950.000 euros.
El principal investigado ha sido detenido en Madrid donde ha sido intervenido un chalet de lujo, valorado en 1.250.000 euros, y se han bloqueado diferentes productos financieros, con un saldo aproximado de 160.000 euros, y otras a nombre de presuntos testaferros con un saldo de unos 60.000 euros.
La investigación continúa abierta y no se descarta la identificación de más personas investigadas no detenidas.
Análisis de la información obtenida en la Operación Jordan
Esta investigación es la continuación de la Operación Jordan que, desarrollada en marzo del 2022, permitió desarticular una organización criminal que, presuntamente, había “hackeado” sistemas informáticos de instituciones públicas de Madrid y Granada, cambiando la domiciliación de nóminas y derivando el pago a cuentas abiertas con documentación falsificada. En ese momento se arrestaron a ocho personas, por la presunta estafa de unos 53.000 euros, y se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en Madrid donde se intervinieron cuatro vehículos deportivos de alta gama valorados en más de 450.000 euros, unos 50 dispositivos informáticos, 70.000 euros en metálico y unas 400 tarjetas.
