Rue20 Español/ Lima
La Fiscalía del Perú citó a la presidenta del país, Dina Boluarte, a una audiencia que se realizará el martes próximo en el marco de la causa judicial que investiga el rol del Gobierno en las muertes ocurridas en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad y otros hechos relacionados con las protestas que desde hace casi tres meses piden su renuncia.
Así lo informó el Instituto de Defensa Legal (IDL), y añadió que Boluarte deberá concurrir a la audiencia en condición de «investigada».
El IDL es una institución peruana de la sociedad civil que tiene como objetivo la “promoción y defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz”, según define la entidad en su sitio web.
La audiencia se hará de manera presencial en la sede del Ministerio Público, en Lima, capital del país.
Allí, la mandataria será consultada sobre los acontecimientos que causaron la muerte de manifestantes durante las protestas en las ciudades de Ayachucho y Puno, así como en otras regiones del sur de Perú, informó el IDL en un comunicado que fue replicado por medios nacionales.
De acuerdo a lo informado por la Defensoría del Perú, desde que comenzaron las protestas contra el Gobierno, en diciembre último, murieron 48 civiles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y un agente policial fue incinerado.
Además, al menos 11 personas murieron por causas relacionadas con las manifestaciones, principalmente los cortes de carreteras.
Boluarte ya fue consultada por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre estas 60 muertes, el 30 de enero y 23 de febrero últimos, pero en esas ocasiones las audiencias se realizaron de manera virtual.
De acuerdo a lo informado por el IDL, en esas audiencias, Boluarte no respondió las preguntas de la Fiscalía.
Perú enfrenta una profunda crisis política que comenzó con la destitución y encarcelamiento del ex presidente Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre último intentó disolver el Congreso e instaurar un Gobierno de excepción.
El mismo día, el ex jefe de Estado fue destituido de su cargo y llevado a una cárcel de Lima.
Boluarte, quien era su vicepresidenta, lo reemplazó.
Desde entonces, protestas masivas en varias regiones del país exigen la renuncia de la mandataria, la disolución del Congreso y una convocatoria inmediata a elecciones generales.
