Rue20 Español/ Ciudad del Vaticano
Marruecos participó, hoy miércoles en el Vaticano, en la 13ª edición del congreso internacional de ministros de justicia, organizado por iniciativa de la comunidad de Sant’Egidio bajo el tema de la pena de muerte.
Interviniendo en esta ocasión, el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, hizo balance de los diversos avances en el ámbito de la justicia realizados por el reino, señalando que la pena de muerte sigue siendo, en este sentido, un tema importante de debate entre los componentes de la sociedad y uno de los puntos clave de la reforma de la justicia penal, que es un sitio abierto desde hace varios años, con el objetivo, en particular, de cumplir con las disposiciones de los convenios internacionales ratificados.
Este proyecto se inscribe también en la línea de los resultados del diálogo nacional profundo y global sobre la reforma del sistema judicial, de las recomendaciones emitidas por la Comisión Equidad y Reconciliación, así como de las observaciones y problemas planteados en la práctica sobre el terreno, señaló el ministro durante este acto, celebrado en presencia del embajador del Reino ante la Santa Sede, Rajae Naji Mekkaoui.
Ouahbi señaló que «la orientación de la política penal marroquí refleja la interacción positiva del Reino con la resolución nº 77/2002 de la ONU» sobre la pena de muerte, adoptada por el «Comité de Derechos Humanos» en abril de 2002, que pide a todos los países que todavía aplican la pena de muerte que reduzcan progresivamente el número de delitos castigados con la muerte, que aplacen la aplicación de las penas de muerte existentes, con vistas a su abolición total, y que informen al público sobre su aplicación.
Las garantías previstas en la legislación marroquí están en consonancia con las adoptadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 1984/50, de 25 de mayo de 1984, dijo, señalando que la justicia marroquí trata la pena capital con gran rigor y racionalidad, en la medida en que la tasa anual de condenas es inferior a 10 casos.
Las condenas fueron todas por delitos graves, y el número de condenados a muerte hasta la fecha es de unas 83 personas, de las que 81 son hombres y dos mujeres, precisó.
El Ministerio de Justicia «vela por que los convenios bilaterales en materia penal o sus modificaciones prevean la sustitución de la pena de muerte por la pena más grave por el mismo hecho», al tiempo que ofrece, en el marco de los instrumentos de cooperación judicial internacional, «garantías para que no se lleven a cabo»
