Rue20 Español/Rabat
El Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) expresó, el sábado, su firme condena de las alegaciones infundadas contenidas en la resolución del Parlamento Europeo (PE) del jueves 19 de enero de 2023.
En un comunicado publicado al final de una reunión del Consejo, el CSPJ indica haberse enterado de esta resolución que contiene «graves acusaciones y alegaciones que perjudican a la independencia del poder judicial».
Estas alegaciones infundadas tergiversan los hechos y siembran dudas sobre la legalidad y legitimidad de las procedimientos judiciales iniciados respecto a casos, algunos de los cuales han sido juzgados y otros en trámite, precisa el comunicado leído por Mustapha Libzar, secretario general del CSPJ.
«El Consejo lamenta esta desnaturalización de los hechos en el marco de juicios que tuvieron lugar de conformidad con la ley, con pleno respeto de las garantías constitucionales y de las condiciones de un juicio justo reconocidas a nivel internacional», indica.
El Consejo denuncia enérgicamente el enfoque del Parlamento Europeo que ha asumido el derecho a juzgar la justicia marroquí de manera flagrante y parcial, perjudicando a las instituciones judiciales del Reino y sin tener en cuenta su independencia, prosigue la misma fuente.
El Consejo expresa así su rechazo categórico a cualquier injerencia en el poder judicial o intento de influir en sus decisiones, sobre todo porque algunos de los casos mencionados aún están ante los tribunales.
«Esto contradice todas las normas y reglas internacionales, en particular los principios y declaraciones de las Naciones Unidas relativas a la independencia de la justicia», destaca.
Igualmente, el Consejo denuncia enérgicamente el contenido de esta resolución, que alienta a ejercer presión sobre el poder judicial para la liberación inmediata de las personas que ha mencionado, subraya el comunicado, señalando que «esto perjudica gravemente la independencia del poder judicial y constituye un intento de influir en ella, mientras que algunos casos aún están ante los tribunales».
Por otra parte, el Consejo rechaza las alegaciones mencionadas en la resolución, inspiradas en ciertas fuentes conocidas por sus posiciones dogmáticas sin tener pruebas y datos comprobados, y que además son refutadas por los hechos.
El Consejo recalca que las personas mencionadas en la resolución se han beneficiado de todas las garantías de un juicio justo y equitativo previstas en la ley, incluyendo la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el acceso a todos los documentos, una audiencia presencial pública, citación de testigos y su interrogatorio, recurso a la pericia judicial, y vías de recurso, entre otras garantías establecidas por la ley marroquí según lo estipulado en las convenciones internacionales de derechos humanos ratificadas por el Reino.
El Consejo recuerda que los casos objeto del enjuiciamiento de las personas citadas en la resolución del Parlamento Europeo no están vinculados en modo alguno a la actividad periodística o al ejercicio de la libertad de opinión y de expresión, que están garantizados por la legislación marroquí y la Constitución. De hecho, los cargos que se les imputan se relacionan con delitos comunes, como la trata de personas, la violación, la explotación de la vulnerabilidad de las personas, actos que son severamente castigados por leyes en todo el mundo.
El Consejo rechaza la lógica de «doble rasero» que caracteriza esta resolución que, en lugar de condenar las agresiones sexuales sufridas por las víctimas, defendió un conjunto de falsedades y alegaciones infundadas.
El Consejo recuerda, a este respecto, los avances sustanciales realizados en los últimos años por la justicia marroquí, como la independencia del ministerio público frente al poder ejecutivo a partir de 2017, o el hecho de alzar a la justicia como un poder independiente, consagrado en la constitución de 2011 y formalizado por la creación del CSPJ en 2016; alineando así el sistema judicial marroquí con los más avanzados y rigurosos estándares de independencia, que hasta ahora algunos países europeos todavía han tenido grandes dificultades para alcanzarlos.
El Consejo subraya el apego de los magistrados a su independencia así como su compromiso de preservar los derechos y libertades y garantizar las condiciones de juicios justos, como un deber constitucional, legal y moral.
También subraya su determinación de actuar constantemente para la preservación de la independencia de la justicia y su inmunidad contra toda forma de injerencia y presión extranjera, cualquiera que sea, de conformidad con la Constitución y la ley orgánica del Consejo.
