Rue20 Español/ Rabat
España está decidida a seguir los pasos del resto de los países europeos para prevenir y sancionar posibles fraudes masivos, y garantizar los derechos de las personas consumidoras. Para llevar a cabo esta iniciativa el Ministerio de Consumo español ha presentado la nueva Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, un órgano pionero en el país ibérico, según un comunicado de la Moncloa hoy.
Se trata de un instrumento, pionero a nivel español, que va a reforzar, mejorar y amplir la capacidad del Estado a la hora de vigilar, inspeccionar y sancionar fraudes masivos.
La norma que regula el mecanismo sancionador entró en vigor el pasado 28 de mayo tras una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Entre otros aspectos, garantiza la existencia de procedimientos administrativos en materia de consumo que den lugar a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, tal como exige la Unión Europea. Las multas se dividen en cuatro categorías, según el tipo de infracción:
Leves: entre 150 y 10.000 euros, aunque podrán ser superiores hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido.
Graves: entre 10.001 y 100.000 euros, aunque podrán ser superiores hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Muy graves: entre 100.001 y 1.000.000 euros, aunque podrán ser superiores hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. Esta sanción lleva también aparejada la publicidad de la resolución sancionadora.
Generalizadas o generalizadas con dimensión en la Unión Europea: hasta el 4% del volumen de negocio anual del empresario infractor en España.
Entre las infracciones en materia de defensa de las personas consumidoras que se podrán sancionar se encuentran las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o la seguridad de la población, el incumplimiento de las normas reguladoras de precios o la introducción de cláusulas abusivas en los contratos, entre otras.
El Gobierno se ha dotado de este mecanismo sancionador con el objetivo de que no vuelvan a producirse episodios como, por ejemplo, el conocido caso del Dieselgate. A diferencia de otros países europeos que impusieron sanciones ejemplares, España no pudo hacerlo por falta de un mecanismo sancionador adecuado.
Protección reforzada
La subdirección general española se suma a otras medidas puestas en marcha por el Ministerio para garantizar que las relaciones de consumo se desarrollan en términos de justicia social, igualdad y sostenibilidad.
Entre ellas, destacan las políticas de protección para las personas consumidoras y usuarias que se desarrollarán a lo largo de 2023, a las que se destinarán más de 17 millones de euros (un 17,27 % más que en 2022). El Ministerio también impulsará el Sistema Arbitral de Consumo, con importantes subvenciones para las Juntas Arbitrales regionales y locales del país. Además, el Congreso de los Diputados tiene previsto aprobar en los próximos meses la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.
