Rue20 Español/Lima
El Ministerio del Interior de Perú (Mininter) acató la orden de la presidenta Dina Boluarte de destituir a 312 subprefectos distritales en 23 regiones que habían sido designados por el exmanadatario Pedro Castillo.
La mayoría de los subprefectos cesanteados corresponden a las regiones de Ayacucho (46), San Martín (34), Junín (33), Puno (31) y Cajamarca (19), territorios en los que Castillo obtuvo masiva votación en los comicios del 2021.
Según precisa la resolución directorial la entrega de cargo de las autoridades cesadas deberá ser recibida por el personal administrativo de la misma subprefectura o el más cercano de su circunscripción dentro del plazo establecido en la directiva que regula la Entrega y Recepción de Cargo del Personal del Ministerio del Interior.
La resolución dispuso, además, que las autoridades cesadas «deberán formular y presentar las declaraciones juradas de bienes y rentas», así como de intereses, informó el periódico peruano El Comercio.
Los prefectos y subprefectos distritales tienen por función supervisar la gestión de los gobernadores y coordinar el diálogo con organizaciones sociales.
Son los representantes del Ejecutivo en las regiones.
Durante su mandato por elección popular, el expresidente Castillo nombró, de acuerdo a la legislación local los subprefectos de los distritos de todo el país, motivo por lo cual son ahora señalados.
El Ministerio del Interior del Gobierno designado por el Congreso justificó sus acciones sobre la base de que «estos funcionarios en lugar de responder a las directrices establecidas sobre las funciones del Subprefecto Distrital, en lugar de representar y defender al Estado, como señala la ley, tuvieron distintos grados de participación en las manifestaciones» violentas que se ha saldado con casi 30 muertos.
Por otra parte, el Poder Judicial aceptó analizar una apelación presentada por la defensa de Castillo contra la decisión de imponerle una prisión preventiva por 18 meses, mientras es investigado por rebelión y conspiración, entre otros cargos.
La apelación plantea que la prisión preventiva sea reemplazada por la libertad con comparecencia, una especie de libertad condicional, mientras se desarrollan las investigaciones.
