Rue20 Español/ Rabat
El presidente de Perú, Pedro Castillo, solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que active los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana frente a la grave crisis política que sacude al país tras ser denunciado constitucionalmente por la Fiscal de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
«Mi gobierno ha solicitado ante la OEA la activación y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales, para encontrar (…) un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú», expresó el mandatario en un mensaje a la nación.
Acompañado por el tren ministerial durante su pronunciamiento televisado, el jefe de Estado aseguró que su pedido al organismo multilateral busca también alcanzar «un consenso básico para combatir drásticamente la corrupción» en el país andino.
Castillo lo expresó así tras denunciar que en los últimos meses han venido ocurriendo una serie de situaciones «generadas» por el Poder Legislativo, el Ministerio Público y otros organismos públicos, como parte de una «nueva modalidad de golpe de Estado» en su contra.
En 2001, durante la Cumbre de las Américas de Quebec, los países que integran la OEA aprobaron la Carta Democrática Interamericana, un documento que contiene 28 cláusulas para garantizar la institucionalidad en los países que reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Derechos Humanos, es decir, en 20 naciones de las 35 que conforman la OEA.
La Carta establece lo que estas naciones consideran como «ruptura democrática»: violaciones a los derechos humanos y de las libertades, así como la falta de independencia de los poderes del Estado.
El presidente peruano, Pedro Castillo, invocó el artículo 17 del documento para pedir la reunión extraordinaria del Consejo Permanente. La cláusula establece que un país podría «solicitar asistencia (de la OEA) para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática».
El mandatario, que tiene por lo menos seis investigaciones abiertas, comenzó cuestionando la denuncia constitucional presentada en su contra ante el Congreso por la fiscal general, Patricia Benavides, por considerarla «inconstitucional, ilegal, sin fundamentos y carecer de pruebas objetivas».
No obstante, la Fiscalía aseguró este miércoles que cuenta con más de 190 elementos probatorios que sustentarían la tesis de que Castillo es el supuesto líder de una organización criminal en su gobierno.
Por otra parte, el jefe de Estado alertó que en medio de las investigaciones se ha venido «instrumentalizando una nueva forma de tortura psicológica con detenciones preliminares y prisiones preventivas», con el fin de hallar acusaciones en su contra.
Criticó también que ciertas empresas de comunicación y periodistas, «convertidos en verdaderos agentes políticos», han querido «renunciar» a su labor y deber de informar con imparcialidad.
«En esa convicción, la crisis política debe solucionarse con el diálogo, abandonando los arrestos golpistas, respetando la democracia, propiciando un acuerdo nacional para la estabilidad de la democracia y el estado de derecho», insistió.
Castillo subrayó que, a pesar de la fuerte oposición a su gobierno, va a terminar el periodo de mandato y entregará el poder al siguiente presidente del Perú el 28 de julio del 2026, según lo establece la Constitución política de Perú.
«No soy un corrupto y lo repito hasta el fin de mis días, todo lo contrario, mi compromiso es luchar por terminar con esta lacra que tanto daño hace al país», resaltó. MAP
