Rue20 Español/ Rabat
El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto de rebaja fiscal, que incluye la adaptación del IRPF a la inflación en tres tramos, la suspensión del canon del agua y la supresión del impuesto de Patrimonio, una decisión que busca evitar la huida de grandes capitales y atraer a otros para aumentar la recaudación de otros tributos.
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado la reforma fiscal para hacer una férrea defensa de la reforma, ya que se ha mostrado convencida, «sin ninguna duda», de que servirá para aumentar la recaudación.
El Ejecutivo autonómico activa así la sexta rebaja de impuestos desde 2019, según la consejera para ser la segunda comunidad con menor presión fiscal y con la intención de competir con la Comunidad de Madrid, de atraer a empresarios afincados en Cataluña y evitar la fuga de grandes capitales a países como Portugal o Marruecos por el impuesto de Patrimonio.
El asunto más polémico de la reforma es la supresión en la práctica del impuesto de Patrimonio (a través de la bonificación al 100 %, porque es un impuesto cedido), que supone 95 millones al año, un 0,6 % de los ingresos tributarios de la comunidad.
Por un lado, el Gobierno andaluz quiere taponar la fuga de grandes capitales, ya que la consejera ha expuesto que de los 20 mayores contribuyentes que había en Andalucía en 2019, 10 ya no estaban un año después, por lo que no solo se perdieron los 3,8 millones del impuesto de patrimonio, sino otros 29 de IRPF, la mitad para Andalucía.
Posteriormente la consejera ha dicho que desconoce si se fueron por ese impuesto en concreto, pero cree que «seguramente» fue la razón «en una proporción muy importante» de los casos.
Además, desde la Junta quieren generar más actividad económica, atrayendo a empresarios y a otro tipo de ciudadanos, como podría ser un ciudadano británico con un patrimonio millonario que viva grandes temporadas en Andalucía pero que actualmente tribute en Reino Unido.
La consejera ha defendido que es «un impuesto obsoleto», que no existe en casi ningún país europeo y que «frena» la economía, por lo que están convencidos de que les hará ser «mucho más competitivos».
El Gobierno andaluz argumenta que con las anteriores cinco bajadas de impuestos ya han conseguido recaudar 1.100 millones más por el incremento de contribuyentes y lo desliga de la subida de precios, ya que las liquidaciones del Estado no llegarán hasta 2024.
Ante la polémica generada, España ha respondido al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre una recentralización de los impuestos, para recordarle que la Constitución y la ley de Financiación de las Comunidades ya plantea estos repartos.
«No nos entra en la cabeza», ha agregado la consejera andaluza, quien ha dicho que no entiende «cómo el ministro se salta esas leyes» para hacer ese planteamiento.
Además, ha recordado que José Luis Rodríguez Zapatero suspendió el impuesto de Patrimonio entre 2008 y 2010.
En materia de IRPF, la reforma incluye la deflactación de los tres primeros tramos al 4,3 %, del que se beneficiará el 82 % de contribuyentes, y se aumentan los mínimos exentos. Todo ello supone 124 millones de euros.
Los contribuyentes con rentas bajas pagarán lo mismo en impuestos aunque su salario aumente y todos los contribuyentes tributarán según un tipo efectivo medio más bajo.
El Ejecutivo andaluz reclama al Gobierno central que deflacte la tarifa a nivel nacional, lo que modificaría la tabla de retenciones y supondría que los ciudadanos tuvieran más nómina mes a mes.
La suspensión en 2023 del canon del agua, que conlleva 140 millones menos a recaudar, no afectará a las obras hidráulicas, ha agregado la consejera.
Según la Junta, la rebaja fiscal supondrá 360 millones, que sumados a los 540 de las anteriores dejará «en el bolsillo de los andaluces» unos 900 millones este año. EFE
