Rue20 Español/ Rabat
Los ayuntamientos andaluces en los que existen asentamientos chabolistas donde residen principalmente personas que trabajan en el sector agrícola vulneran el derecho de éstas en lo que a la normativa de empadronamiento se refiere, según el informe «Vecinas vivas donde vivas».
Se trata de un diagnóstico publicado este viernes por la Alianza para la Solidaridad, al que ha tenido acceso EFE, elaborado en base a entrevistas personales a mujeres migradas y que trabajan en las campañas agrícolas de los frutos rojos de Huelva y en el sector hortofrutícola de Almería y residen en asentamientos de Palos de la Frontera y de Atochares, respectivamente.
Se parte de la base de que en Andalucía, hay decenas de asentamientos chabolistas, más de 40 en la provincia de Huelva, donde hay cerca de 10.000 personas viviendo en condiciones infrahumanas y con el fuego como su gran enemigo.
En ellos, se añade, que cada vez hay más mujeres y menores que habitan en esos asentamientos; algunas viven con sus familias, otras viven con compañeras o algunas deciden vivir con amigos hombres, y tanto en Almería como en Huelva, el número de mujeres es menor que el de hombres, pero ha ido aumentando en los últimos años.
La mayoría de ellas son de origen marroquí, si bien también hay de nacionalidades como Camerún, Senegal y Rumanía, y optan a las labores agrícolas como «única alternativa económica y laboral, ya que muchas de ellas se han convertido en cabeza de familia y único sustento, lo que maximiza su responsabilidad en los cuidados».
En el caso de los que habitan en chabolas en los asentamientos de Palos de la Frontera y Níjar, recoge el diagnóstico, la administración local no reconoce estos espacios como «techo», por lo que «no conceden el empadronamiento cuando la solicitud se lleva a cabo en este tipo de infraviviendas».
El incumplimiento de la normativa lleva aparejado que estas personas vean vulnerados derechos básicos como el ser consideradas vecinas una localidad, perjudicando con ello su proceso de regulación administrativa.
Según la fuente, además se produce violencia estructural por parte de las administraciones locales al imponer trabas que dilatan el proceso de empadronamiento; se propicia la compra y venta de los empadronamientos; se da una falta de acceso a derechos básicos por no estar empadronadas como el de la sanidad, ayudas municipales o becas y ayudas para escuelas infantiles.
Asimismo, se han advertido problemas de salud mental y se da falta de acceso a unas dignas condiciones de habitabilidad y salubridad.
Ante esta situación desde Alianza para la Solidaridad proponen que «todas las vecinas, vivas donde vivas, sean tratadas por igual y de una forma justa, bajo el cumplimiento de las normativas que velan por el empadronamiento de todas y todos, tal como estipula la ley», por lo que reclaman que todas las administraciones locales cumplan con las instrucciones sobre la gestión del Padrón municipal y se establezca un protocolo común en todos los ayuntamientos a la hora de presentar una solicitud de empadronamiento. EFE
