Rue20 Español/Rabat
«Penas alternativas a las penas privativas de libertad» es el tema de un seminario internacional que se inauguró este martes en Rabat con la participación de numerosos expertos marroquíes y árabes en el ámbito judicial.
Organizado del 28 al 30 de junio por iniciativa de la Presidencia del Ministerio Fiscal, en colaboración con la Universidad Árabe Naif de Ciencias de la Seguridad y con el apoyo de la UNICEF, este seminario reúne, además de 100 participantes del ámbito judicial marroquí y de los sectores concernidos de la justicia, a 40 participantes de países árabes (Arabia Saudí, Jordania, Sudán, Túnez, Egipto, Baréin, Kuwait, Sultanato de Omán y Palestina).
Este cónclave científico tiene como objetivo reforzar las capacidades de los participantes, en particular de los magistrados de instrucción, los magistrados de justicia de menores y del Ministerio fiscal, en el ámbito de las buenas prácticas en las penas alternativas a las penas privativas de libertad, con el fin de reducir el número de detenciones preventivas de adultos y menores, así como de mejorar el rendimiento del sistema nacional de justicia penal.
Los principales objetivos del seminario son demostrar la importancia de las alternativas a las penas privativas de libertad a la luz del derecho penal comparado y las ciencias humanas relacionadas, aclarar las buenas prácticas en la ejecución de las penas privativas de libertad en la legislación de los Estados árabes y explicar los esfuerzos de la aplicación judicial árabe de las alternativas a las penas privativas de libertad.
También se trata de examinar el impacto de las alternativas a las medidas privativas de libertad en los fenómenos de hacinamiento en las cárceles y de reincidencia, y de formular propuestas para el desarrollo y la regulación de las alternativas a las penas privativas de libertad en las leyes e instituciones de justicia penal árabe, especialmente porque el Ministerio de Justicia está preparando actualmente un proyecto de ley sobre las penas alternativas.
En la apertura de la reunión, el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, se mostró convencido de que la situación actual requiere la adopción de un sistema de penas alternativas, sobre todo a la luz de los indicadores y datos registrados a nivel de la población penitenciaria, según los cuales más del 40% de los presos están condenados a menos de dos años.
Según las estadísticas de 2020, las condenas de dos años o menos constituían el 44,97%, lo que afecta negativamente a la situación dentro de las prisiones y limita los esfuerzos y las medidas adoptadas por la administración en la aplicación de los programas de integración y rehabilitación y la racionalización del presupuesto de acogida, subrayó, añadiendo que las prácticas han demostrado la insuficiencia de las penas privativas de libertad cortas para garantizar la disuasión necesaria y limitar los casos de reincidencia.
Afirmó que el proyecto de ley sobre penas alternativas se ha convertido en una apuesta importante para el ministerio, que obra por acelerar el ritmo de su aplicación, abogando por un enfoque capaz de garantizar su éxito en consulta con todas las partes interesadas.
Por su parte, el presidente delegado del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, subrayó la necesidad de modernizar el sistema judicial, garantizar un juicio justo y adoptar penas alternativas, inspirándose en las experiencias exitosas de otros países.
En una palabra pronunciada en su nombre por el Secretario General del CSPJ, El Mustapha Lebzar, añadió que el Consejo contribuye a la consolidación de los principios de los derechos humanos reconsiderando la política punitiva en materia de represión, y añadió que la política del CSPJ se inspira en los discursos reales que llaman a la adopción de una nueva política penal basada en la revisión del Código de Procedimiento Penal.
Por su parte, el Fiscal General del Rey en el Tribunal de Casación, Presidente del Ministerio Público, El Hassan Daki, indicó que las alternativas a la detención preventiva y las medidas alternativas a las penas privativas de libertad ocupan un lugar importante en la aplicación de la política penal contemporánea, y añadió que su inclusión en las legislaciones nacionales y su óptima aplicación contribuirán a mitigar el impacto negativo de las penas de prisión de corta duración, especialmente el hacinamiento en las cárceles, que se ha convertido en un fenómeno al que se enfrentan muchos sistemas penales.
Abdulmajid Bin Abdullah Albanyan, Presidente de la Universidad Árabe Naif de Ciencias de la Seguridad, dijo que este simposio tiene como objetivo arrojar luz sobre las alternativas a las penas privativas de libertad en la legislación árabe y extranjera, y poner de relieve la naturaleza del tratamiento de las penas alternativas por parte del poder judicial.
Añadió que también se centrará en las formas de reforzar los esfuerzos de la sociedad civil para ampliar el alcance de las penas alternativas y modernizar el arsenal legislativo relacionado con ellas para renovar los mecanismos punitivos de la justicia penal en los países árabes.
Por su parte, el embajador, representante de la UNICEF en Marruecos, Speciose Hakizimana, elogió los continuos esfuerzos del Reino de Marruecos para desarrollar un sistema judicial adaptado a los niños, así como los resultados tangibles alcanzados, como la reducción del 30% del número de niños detenidos desde 2017, y la multiplicación del número de niños que se benefician de alternativas a la privación de libertad desde 2014.
El Director Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Hatem Ali, afirmó que ya es hora de encontrar alternativas a las penas privativas de libertad, adaptadas a la cultura de los países árabes.
La apertura de este seminario, marcada por la firma de un memorando de entendimiento entre la Universidad Árabe Naif de Ciencias de la Seguridad y el Ministerio Público jordano, tuvo lugar en presencia del embajador de Arabia Saudí en Marruecos, el presidente del Ministerio Fiscal Jordano, el fiscal general de Baréin, representantes de instituciones nacionales, instancias judiciales árabes y organizaciones regionales e internacionales. Map
