Rue20 Español/Rabat
La regulación del cultivo de cannabis tiene como objetivo, en su aspecto social, desarrollar canales legales que permitan la conversión gradual de los agricultores tradicionales dedicados a cultivos ilícitos en actividades legales, respetuosas con el medio ambiente y generadoras de ingresos decentes.
La adhesión de los agricultores a las cooperativas previstas por la ley n°13-21 les permitirá también beneficiarse del apoyo, el asesoramiento y la formación de la Agencia y del Ministerio de Agricultura.
Para aquellos agricultores que no podrán incorporarse al programa de cannabis legal por razones relacionadas con el tamaño del mercado en un principio, la citada ley encomienda a la Agencia la tarea de contribuir, en coordinación con los departamentos e instituciones interesados, al desarrollo de cultivos alternativos y actividades no agrícolas en beneficio de la población de las provincias afectadas, con el fin de poner fin al cultivo ilícito de cannabis.
Las medidas introducidas por esta ley para regular, controlar y supervisar toda la industria del cannabis ayudarán a secar las fuentes de las redes mafiosas que alimentan el mercado de la droga. Esta ley pretende sacar a unas 600.000 personas de la pobreza y la marginación.
En la mayoría de los países que han legalizado recientemente el uso legal del cannabis, se ha producido una clara mejora de las condiciones de vida de los pequeños cultivadores (Nepal, México, Perú), recordó.
Marruecos pretende diseñar y aplicar una estrategia integrada de desarrollo económico, social y medioambiental en las zonas de cultivo de cannabis, incluyendo a los agricultores y haciéndoles partícipes de los distintos usos legales de la planta y de su procesamiento.
Estos dos segmentos de actividad (el cultivo lícito de cannabis y las actividades alternativas) mejorarán las condiciones de vida de las poblaciones dedicadas al cultivo ilícito, además de protegerlas de las garras de los traficantes y de los circuitos ilegales.
Se trata de una estrategia que permitirá conseguir un modelo social virtuoso, un sistema productivo optimizado, innovador y sostenible, una economía regulada sin trabas y una inserción favorable para Marruecos en un mercado lícito internacional en permanente desarrollo.
Esta ley promoverá la justicia social y la inclusión: favoreciendo las cooperativas de productores, la racionalización del cultivo de cannabis y el tamaño de las explotaciones, la regulación mediante licencias….
Se trata de una estrategia que permitirá poner fin gradualmente a la situación actual e instaurar progresivamente una nueva dinámica de desarrollo inclusivo y justo, tanto a nivel regional como nacional.
Cabe señalar que el comercio ilegal de cannabis nunca ha beneficiado al Estado. Por el contrario, este tráfico ha generado durante décadas importantes costes para luchar contra el narcotráfico y las redes mafiosas que lo dirigen. Asimismo, este tráfico apenas ha beneficiado a los cultivadores locales, que sólo obtienen una mínima parte del botín cannábico mientras están constantemente bajo la amenaza de procesos judiciales.
La industria ilegal del cannabis no sólo ha causado la degradación del medio ambiente a lo largo de los años, sino que también ha alimentado las tensiones entre los agricultores locales.
En el contexto del desarrollo humano, la protección de las tierras agrícolas en las provincias afectadas es una prioridad, teniendo en cuenta que representa la principal fuente de ingresos de los habitantes.
Las posibilidades de cultivo y producción de cannabis se han reservado exclusivamente a los cultivadores que residen en la zona de cultivo. Este es un detalle especialmente importante que no existe en otros países, donde incluso los industriales pueden realizar esta actividad. Map