Rue20 Español/ Rabat
El Centro de Defensa de los Derechos Humanos Irídia y el Instituto Internacional para la Acción no Violenta (Novact) han denunciado este jueves que se siguen vulnerando los derechos de los inmigrantes llegan en patera a Canarias, con prácticas como redadas por raza o detenciones de personas que van a comisaría a informarse sobre cómo pedir asilo.
Con el apoyo de 16 organizaciones sociales, entre ellas Médicos del Mundo, Oxfam o la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, estas dos ONG han publicado un informe monográfico sobre la situación de la Ruta Canaria, en la que reconocen algunas mejoras en las condiciones de la red de acogida humanitaria respecto a lo que observaron a finales de 2020 y en 2021, pero siguen poniendo el acento en la vulneración de derechos fundamentales.
Sus quejas tienen que ver, en muchos casos, con la reactivación de las deportaciones a Marruecos tras el final de la crisis diplomática entre Madrid y Rabat, con prácticas policiales que la ley prohíbe, como basarse en la raza para seleccionar a qué viajeros se para y a quiénes no en un control de pasajeros de un aeropuerto.
«Las identificaciones por perfilamiento étnico-racial son una práctica habitual, especialmente en puertos y aeropuertos. También se han observado este tipo de redadas en los alrededores de los centros y puntos de acceso a servicios básicos o apoyo comunitario, como es el caso de comedores sociales», denuncian.
Recuerdan, además, que tanto la Audiencia de Las Palmas como la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife fallaron el año pasado que la orden de devolución que todo inmigrante recibe casi nada más pisar tierra pierde su efectividad al cumplirse las 72 horas legales de detención, con la única salvedad de que un juez ordene que esa persona se internada en un CIE, lo que activa otro plazo de 60 días.
Los dos tribunales coinciden en que, pasados esos plazos, si las autoridades quieren deportar a alguien, deben instruir un expediente de expulsión, respetando todas las garantías legales.
«En la práctica se están dando internamientos en el CIE y expulsiones sin tramitar expedientes que las avalen, sino en base a órdenes de devolución meses después de su interposición y de la puesta en libertad de la persona. El equipo de investigación pudo documentar el caso de dos personas privadas de libertad en el CIE de Gran Canaria con dicha casuística», aseguran Irídia y Novact, que dicen haber constatado que tras esas detenciones todo se acelera para obstaculizar el derecho de defensa del afectado.
Otra vulneración grave de derechos, añaden, se está produciendo en algunas comisarías, donde quien acudía a informarse sobre cómo puede solicitar protección internacional acaba detenido y deportado.
«Se han detectado casos en los que se están produciendo detenciones en materia de extranjería e interposición de órdenes de expulsión, internamiento en CIE y expulsión de personas que acudían a comisaría para obtener información acerca de su solicitud de protección internacional, lo cual supone una grave vulneración del derecho al asilo», detalla este informe.
Irídia y Novact cuestionan, asimismo, la «criminalización» de quienes acaban en prisión «por el simple hecho de sostener una brújula, un GPS o el timón» de la patera durante la travesía y el papel que la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) desempeña para ello, en los interrogatorios que realiza en los mismos muelles donde desembarcan los rescatados por Salvamento Marítimo.
En los mismos muelles, denuncian, Frontex obtiene testimonios que luego son usados como prueba preconstituida para fundamentar condenas, a pesar de que «en esos momentos las personas no están en plenas capacidades para recibir información importante sobre su situación y los procedimientos legales a los que han de enfrentarse, y mucho menos para ofrecer testimonio sobre el trayecto».
Las organizaciones que comparten el diagnóstico de este informe alertan además sobre la situación de las familias de los desaparecidos en la Ruta Canaria, a las que no se facilita información e incluso «se niega el derecho a buscar», y sobre la falta de protocolos de asistencia psicológica a los supervivientes.
«Las personas que logran sobrevivir se enfrentan a prácticas fuertemente securitizadas y discriminatorias. Se trata de un trayecto largo y peligroso en el que las personas pasan mucho miedo y se exponen a experiencias traumáticas que en ocasiones dejan secuelas físicas, psicológicas y emocionales», subrayan. EFE
