El toro español y el oso ruso tensan la cuerda 

España rechaza la decisión de las autoridades rusas de expulsar a 27 empleados de la Embajada española en Rusia

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Rue20 Español/ Casablanca

 

 

España rechazó ayer la decisión de las autoridades rusas de expulsar a 27 empleados de la Embajada española en Rusia. La decisión rusa vino como respuesta a la decisión del Gobierno español de expulsar, el 5 de abril de 2022, a un grupo de diplomáticos y personal de la Embajada de la Federación Rusa en España porque representaban una amenaza para la seguridad de nuestro país.

 

 

“Las autoridades rusas justifican esta decisión en base a la reciprocidad por la expulsión de 27 funcionarios de la Embajada rusa en Madrid notificada el pasado mes de abril. Sin embargo, la expulsión decidida entonces por las autoridades españolas se basó en motivos de seguridad debidamente justificados, que no se dan en este caso”, informó un comunicado de la Moncloa ayer tras el consejo de ministros.

 

 

“El trabajo del personal de la Embajada de España ante la Federación Rusa, cuyo profesionalismo este Ministerio quiere poner en valor, siempre ha respetado plenamente las obligaciones previstas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de Relaciones Consulares”, insistió la Moncloa.

 

 

Cabe recordar que el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, había concretado, en referencia a los rusos expulsados, que son unas 25 personas que «representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país». La decisión también es la respuesta a unos crímenes que no pueden quedar impunes y sobre los que se debe realizar una exhaustiva investigación, había añadido.

 

 

Albares había afirmado que las imágenes de la matanza de civiles en la localidad ucraniana de Bucha tras la retirada del ejército ruso son «insoportables» e «indignantes», suponen un punto de inflexión ante el que comunidad internacional no puede permanecer impasible y demandan una respuesta contundente.

 

 

«España exige que los crímenes de guerra sean investigados de forma inmediata y que los responsables sean castigados por ello», había subrayado.

 

 

La medida forma parte de un proceso que se está adoptando en Europa y al que ya se han sumado Bélgica, Polonia, República Checa, Irlanda, Países Bajos, Francia, Alemania, Dinamarca, Italia y también el Servicio Europeo de Acción Exterior, que encabeza el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell.

 

 

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