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jueves, noviembre 21, 2024

España ordena a Polisario que facilite ya la dirección del hijo de Ghali

 

Rue20 Español/ Salé 

 

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Continúan las investigaciones judiciales en torno a la entrada clandestina e ilegal en España del presunto líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que tuvo lugar el pasado 18 de abril de 2021.

 

El juez encargado del Caso Ghali, Rafael Lasala, quiere escuchar al hijo de Ghali, Luali Brahim Sid El Mustafa, después de que una trabajadora del Hospital San Pedro lo identificara como la persona que facilitó el pasaporte falso. 

 

El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza ha dado tres días a la Delegación del Frente Polisario en España para que facilite el actual domicilio del hijo Brahim Ghali.

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En una providencia firmada el pasado lunes, el juez Rafael Lasala ha acordado librar oficio a dicha Delegación después de que durante un interrogatorio una trabajadora del Hospital San Pedro de Logroño asegurara que el hijo de Ghali podría haber sido la persona que aportó el pasaporte falso al centro sanitario, según Europa Press.

 

En el mismo contexto, el instructor también ha librado oficio a la Comisaría de la Ertzaitza en Vitoria para que confirmen si la dirección que ya ha facilitado la Jefatura Superior de Policía de Aragón corresponde al hijo del presunto líder del Polisario.

 

La funcionaria del servicio de admisión del hospital de Logroño ha afirmado ante el juez Lasala que el hombre que registró a Ghali con pasaporte falso tenía acento árabe y parecidos rasgos físicos que Luali Sid El Mustafa, y que su edad era de entre 30 y 35 años, pero como llevaba mascarilla no está segura.

 

Cabe recordar que el abogado que impulsó las diligencias que se siguen en un juzgado de Zaragoza ha pedido a la Audiencia Provincial que no suspenda las investigaciones judiciales sobre el Caso Ghali.

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De esta forma rebate el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que han vuelto a pedir el archivo del caso alegando que no se cometió delito de prevaricación.

 

El abogado no solo reclama que se siga adelante con este expediente que comenzó a mediados del año pasado, sino que pide que se distinga entre el delito de prevaricación y el de encubrimiento.

 

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