Rue20 Español / Alhucemas
La Delegación del Gobierno español en Ceuta y el Ejecutivo local han decidido recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) las dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad ocupada que condenaron a la Administración General del Estado español a «adoptar las medidas necesarias» para conseguir «el retorno de los menores de edad que fueron efectivamente expulsados a mediados del pasado mes de agosto a Marruecos, informó Europa Press.
El magistrado del Juzgado local ha considerado que se produjo «una vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral» de al menos 14 menores cuando se materializó su expulsión sin tener en cuenta que podían «quedar en situación de abandono o desamparo una vez repatriados».
«No es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos, ya que ni ha existido incoación de procedimiento, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores, es decir, no existe traza alguna de expediente de repatriación», añade el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta.
Para la Fiscalía, «las actuaciones administrativas practicadas por la administración demandada de retorno al Reino de Marruecos de los menores se realizó sin cumplir ninguna de las garantías y trámites exigidos por la legislación española constitutivas de una vía de hecho, y con lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva».
Cabe recordar que la Abogacía española ha solicitado, en un comunicado de la subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía, “el cumplimiento íntegro del fallo de las sentencias y que se adopten las medidas necesarias para el retorno de los menores de edad que fueron efectivamente repatriados”, según informó el sitio especializado en temas jurídicos Legal Today.
“Las sentencias son contundentes respecto a que la actuación de la administración fue una vía de hecho prohibida por el ordenamiento jurídico”, añade la Abogacía.
Las expulsiones «ilegales» de menores marroquíes se llevaron a cabo entre los días 13 y 16 del pasado mes de agosto de 2021 y luego se suspendieron después de que muchas organizaciones no gubernamentales tomaran cartas en el asunto para denunciar dicho procedimiento
