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viernes, noviembre 22, 2024

El Defensor del Pueblo investiga la expulsión de menores marroquíes

 

Rue20 Español / Mequínez 

 

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La oficina del Defensor del Pueblo español Ángel Gabilondo, ha afirmado, a través de un comunicado, que se interesará por los menores marroquíes expulsados a Marruecos «contra su voluntad» el pasado mes de agosto. 

 

«El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, «se va a interesar por la situación en la que se encuentran los 57 menores que fueron devueltos el pasado mes de agosto a Marruecos contra su voluntad y sin poder hacer efectivo el ejercicio a ser escuchados antes de que se tomara esa decisión», dice el comunicado, según ha informado Ceuta TV

 

Además, el Defensor del Pueblo «va a recabar información, del Ministerio del Interior, sobre estos 57 menores, que se quejaron en su día a la Institución, para estudiar su situación y solicitar que se repongan sus derechos, en caso de que hubieran sido vulnerados», según la misma fuente. 

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Cabe recordar que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Ceuta «ordenó el retorno a España de 14 menores marroquíes. La sentencia señala que la expulsión se produjo sin seguir, como es preceptivo, los trámites pertinentes en un expediente de repatriación. Entre otros, disponer de un informe sobre las circunstancias familiares del menor e informe de los servicios de protección al menor y del Ministerio Fiscal, además de oír al menor».

 

Las expulsiones «ilegales» de menores marroquíes se llevaron a cabo entre los días 13 y 16 del pasado mes de agosto de 2021 y luego se suspendieron después de que muchas organizaciones no gubernamentales tomaran cartas en el asunto para denunciar dicho procedimiento.

 

El Gobierno de España recibió un aluvión de críticas por la expulsión «ilegal» de menores marroquíes, atrapados en la ciudad ocupada de Ceuta.

 

Por ejemplo, el partido local Ceuta Ya! ha considerado que la sentencia judicial sobre la “irresponsable y ahora ilegal” repatriación de menores a Marruecos ejecutada por parte de la Delegación del Gobierno español, “con el apoyo y connivencia del Gobierno de la Ciudad”, supone para ambas administraciones “un incontestable varapalo que no puede, ni debe, pasar inadvertido”.

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