Rue20 Español/ Rabat
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, denunció el martes la política de represión del régimen argelino, que tiene como objetivo «intimidar y silenciar toda disidencia, creando así un clima de miedo en todo el país».
En un mensaje de vídeo publicado con motivo de la conmemoración del tercer aniversario del Hirak, Callamard afirmó que «entre 250 y 300 presos de conciencia siguen en prisión» en este país magrebí.
«Son activistas, periodistas, abogados o ciudadanos de a pie, y varias decenas de ellos están en prisión preventiva desde hace varios meses, varios de los cuales se encuentran en un estado de salud preocupante», insistió.
«Tres años después del comienzo del Hirak (…), lanzo, en nombre de Amnistía Internacional, un llamamiento al presidente Abdelmadjid Tebboune, para que libere a todos los detenidos de conciencia», prosiguió Callamard.
«Esperamos que las autoridades actúen con firmeza», agregó, argumentando que dicha actuación debe suponer una ruptura con «prácticas contrarias a los derechos humanos».
Expresando su «plena solidaridad» con los detenidos de conciencia, la secretaria general de Amnistía Internacional recordó que éstos «no deberían haber pasado ni una sola noche en la cárcel por soñar con un futuro mejor» y «pedir el imperio de la ley en Argelia».
Lamentó que frente al Hirak, «que ha impresionado al mundo entero por su pacifismo», las autoridades argelinas hayan recurrido a «una fuerza excesiva e injustificada para dispersar ciertas manifestaciones».
«Las autoridades también han recurrido a la intimidación, el acoso judicial y el encarcelamiento arbitrario de centenares de personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación, garantizados por la constitución argelina», afirmó.
Tras recordar el imperativo de permitir a los argelinos «ejercer plena y libremente sus derechos fundamentales a la libertad y a la justicia», Callamard insistió en que es «importante y urgente que las autoridades argelinas respondan a estas demandas, no mediante la represión, sino concediendo la libertad de expresión y de manifestación, el Estado de Derecho y las garantías constitucionales». MAP
