Rue20 Español / Mequínez
El partido Vox ha pedido la dimisión del presidente de la ciudad ocupada de Ceuta, Juan Vivas, y de la delegada del Gobierno español, Salvadora Mateos, tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 sobre la expulsión de menores marroquíes llevada a cabo el pasado agosto.
Según Vox-Ceuta, tanto Juan Vivas como Salvadora Mateos han “engañado a los ceutíes” y el presidente de Vox-Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha recalcado que “se ha demostrado que ni habían hecho nada ni lo han hecho ahora”, informó El Faro de Ceuta.
Esa entrega de menores fue un proceso “confuso, difuso y mal planificado”, dice Vox.
La formación de Santiago Abascal expone que el hecho de que ahora la Justicia obliga a que esos menores marroquíes regresen a España, es un “despropósito total” por “la falta de interés en hacer las cosas bien por parte de Delegación del Gobierno y del Ejecutivo de Vivas”.
La diputada de Vox por Ceuta, Teresa López, ha reprochado al Gobierno español que no haya aplicado el protocolo que permite devolver a los menores.
“Sin embargo, ahora que se han producido por primera vez las devoluciones, se han hecho tarde y mal”, critica la diputada de Vox-Ceuta.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ha condenado en dos sentencias a la Delegación del Gobierno español en Ceuta a «adoptar las medidas necesarias» para conseguir «el retorno de los menores no acompañados, que fueron efectivamente repatriados» a Marruecos.
El juez ha «estimado sustancialmente» los recursos interpuestos en representación de 20 menores inmigrantes marroquíes solos por la Fundación Raíces y la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes contra el proceso, que se cerró tras la expulsión efectiva de un total de 55 menores marroquíes.
El juez considera que, con su proceder, la Delegación del Gobierno español y la Ciudad de Ceuta generaron «una situación de riesgo relevante para la integridad física y moral de los menores».
Las expulsiones «ilegales» de menores marroquíes se llevaron a cabo entre los días 13 y 16 del pasado mes de agosto de 2021 y luego se suspendieron después de que muchas organizaciones no gubernamentales tomaran cartas en el asunto para denunciar dicho procedimiento.
