Rue20 Español / Mequínez
Continúan las investigaciones acerca de la repatriación ilegal hacia Marruecos de los menores marroquíes – que accedieron a la ciudad de Ceuta el pasado mes de mayo de 2021.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ha condenado en dos sentencias a la Delegación del Gobierno español en la ciudad ocupada a «adoptar las medidas necesarias» para conseguir «el retorno de los menores no acompañados, que fueron efectivamente repatriados» a Marruecos.
Según Europa Press, el juez ha «estimado sustancialmente» los recursos interpuestos en representación de 20 menores migrantes marroquíes solos por la Fundación Raíces y la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes contra el proceso, que se cerró tras la expulsión efectiva de un total de 55 menores marroquíes.
El juez considera que, con su proceder, la Delegación del Gobierno español y la Ciudad de Ceuta generaron «una situación de riesgo relevante para la integridad física y moral de los menores».
«No es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos, ya que ni ha existido incoación de procedimiento, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores, es decir, no existe traza alguna de expediente de repatriación», añade.
Cabe recordar que la Dirección General de la Policía de España ha cifrado en 55 el número de los menores no acompañados que fueron repatriados a Marruecos tras la entrada masiva del pasado mes de mayo de 2021 en Ceuta. Es decir, representan el 4,67 % de todas las llegadas de menores a la ciudad de Ceuta.
El presidente de la ciudad ocupada de Ceuta, Juan Vivas, ha indicado anteriormente que la cifra actual de los menores marroquíes, atrapados en la ciudad, es de 350 aproximadamente. Es decir, permanecen en Ceuta un 30% de estos menores.
Las repatriaciones «ilegales» de menores marroquíes se llevaron a cabo entre los días 13 y 16 del pasado mes de agosto de 2021 y luego se suspendieron después de que muchas organizaciones no gubernamentales, incluso la Audiencia Nacional, tomaran cartas en el asunto para denunciar dicho procedimiento.
