Por: Adil ZAARI JABIRI
Rue20 Español/ Rabat
La justicia francesa abrió, el miércoles, el examen de la denuncia de Marruecos, en una queja por difamación contra ONG y medios de comunicación franceses que acusaron al Reino de espiarles a través del software «Pegasus».
En su escrito de acusación, la fiscalía alegó desde el principio la inadmisibilidad, argumentando que los Estados no están legitimados para presentar demandas por difamación en virtud de la famosa ley francesa de 1881 sobre la libertad de prensa.
Salvo que en este caso, en el que oscuros cargos políticos y cierta prensa han unido sus fuerzas contra Marruecos en un vil intento de intimidarle, las cosas son diferentes.
Marruecos ha jugado la carta de la transparencia desde el principio, negando categóricamente las falsas alegaciones de Amnistía Internacional y el Consortium Forbidden Stories. El Reino no ha dudado en realizar un contraperitaje científico muy preciso que ha demostrado la falsedad de estas alegaciones.
A continuación, se pidió que se citara a los medios de comunicación franceses implicados y a los de otros países por difamación ante sus respectivas jurisdicciones, no en una especie de «procedimiento de mordaza» contra ellos ni para socavar la sacrosanta libertad de expresión que el Reino protege al igual que los países democráticos, sino para defender sus derechos y su reputación, así como los de sus administraciones de seguridad que actúan en el marco del Estado de Derecho.
Y como los Estados son personas jurídicas de derecho público, deben poder defender su reputación ante los tribunales.
Con esta demanda por difamación, Marruecos no está llevando a cabo una operación «com». No es necesario. Simplemente hace uso de su derecho a reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, porque las acusaciones son graves y dañan su imagen, honor y reputación.
Para el abogado del Reino, Olivier Baratelli, los medios de comunicación franceses, objeto de la denuncia, «no quieren que tratemos el fondo del asunto, porque hoy la investigación realizada en Francia ha revelado que lo que decían era falso y que Marruecos nunca ha utilizado el software Pegasus».
«Utilizan trucos procesales, argumentos de inadmisibilidad, supuestas nulidades: todo lo necesario para crear una cortina de humo que evite un debate sobre el fondo del asunto», dijo el abogado francés al diario digital «Altasinfo.fr».
La admisibilidad de la denuncia es, por tanto, indiscutible en este caso, sobre todo porque ya es hora de que los Estados y las estructuras que dependen de ellos, que no pueden sustraerse a su condición jurídica de sujetos de derecho, tengan un acceso justo a la justicia para defenderse de los ataques difamatorios y protegerse de las frivolidades presentadas por medios de comunicación irresponsables como verdades absolutas. MAP
