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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (Acnur) pidieron 1.790 millones de dólares para enfrentar la creciente ola de migrantes venezolanos en Latinoamérica, el mayor éxodo de la historia regional y en momentos en que la pandemia del coronavirus genera desempleo y crisis económica en la región.
El pedido de ayuda internacional busca «apoyar las crecientes necesidades de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe», según un comunicado conjunto difundido por ambas agencias de las Naciones Unidas.
Con la ayuda internacional, OIM y Acnur -que tienen sus sedes regionales en Panamá- buscan apoyar a las organizaciones e instituciones que trabajan sobre el terreno con los migrantes venezolanos para facilitar la regularización e integración social y económica de los migrantes en los países de acogida.
El representante especial conjunto para los refugiados y migrantes de Venezuela de ambos organismos, Eduardo Stein, destacó que la colaboración de la comunidad internacional «sigue siendo crucial para atender las necesidades más urgentes de las personas refugiadas y migrantes, y para ayudar a los países de acogida a garantizar su integración socioeconómica».
«Quienes han salido de Venezuela están dispuestos a contribuir y devolver a las comunidades que les han acogido,» afirmó Stein.
La migración venezolana es «el éxodo humano más grande de la historia de América Latina» y «lleva prácticamente cinco años de haberse agravado», señaló.
En la actualidad, se estima que hay seis millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo.
De ellos, unos cinco millones se encuentran en América Latina y el Caribe, principalmente en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil.
Según Stein, debido a la pandemia del coronavirus, la situación se agravó y para finales de 2022 se espera que haya 7,1 millones de migrantes venezolanos, de los cuales 6,1 millones estarían en América Latina y el Caribe.
«Mientras las personas venezolanas sigan desplazándose por la región, tanto para ellos como, sobre todo, para las comunidades de acogida, sigue siendo esencial ese apoyo para que puedan rehacer sus vidas con dignidad», agregó Stein.
La pandemia del COVID-19 ha empeorado las condiciones de vida de las personas más vulnerables en toda la región, entre ellas las personas refugiadas y migrantes, provocando un aumento del desempleo y la pobreza, mayores dificultades para acceder los servicios básicos y educativos, y graves riesgos de protección como resultado de la falta de estatus regular.
Además, con el cierre de las fronteras terrestres para contener la propagación del COVID 19, los venezolanos recurrieron a rutas informales exponiéndose a graves peligros, como las condiciones climáticas extremas, las catástrofes naturales y las amenazas de las redes de trata, explotación y abuso controladas por traficantes.
El Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2022 se lanzó en respuesta a esas necesidades urgentes, y para buscar soluciones a más largo plazo que permitan a las personas venezolanas reanudar sus vidas.
La iniciativa busca fortalecer aún más las respuestas tanto a nivel nacional como regional apoyando la prestación de servicios humanitarios esenciales, entre ellos la asistencia sanitaria, el alojamiento, la alimentación, el agua, el saneamiento y la higiene en los países de acogida.
«Los esfuerzos de regularización en curso son un gesto de solidaridad y requerirán una importante inversión financiera para que sean exitosos», dijo Stein.
Y agregó: «Se necesita un mayor compromiso y esfuerzos más concertados para garantizar que nadie se quede atrás».
El reto es buscar «cómo acceder a medios de vida dignos que sean sostenibles y no irrumpan en las comunidades de acogida de forma que generen animadversión hacia los recién llegados, de ahí la importancia estratégica de que el apoyo llegue a las comunidades de acogida», concluyó. MAP.
