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Ismail El Khouaja
La exministra de Exteriores, Arancha González Laya, se personó, esta tarde, en la Ciudad de Justicia de Zaragoza para dar su testimonio.
Laya ha acudido a la cita fijada a las 13 horas acompañada por una abogada del Estado en calidad de investigada en el Caso Ghali.
Tal como se esperaba, Laya repitió el mismo rollo de su ex presidente, Pedro Sánchez, quien le defendió en la Asamblea General de la ONU, la semana pasada.
Laya se aferra de la legalidad de la entrada secreta y con identidad falsa de Ghali, justificando que «se hizo conforme a la ley».
Laya ha evitado revelar los implicados que le autorizaron la entrada clandestina de Ghali, alegando que se trata de «información reservada».
La ex ministra dejó claro que revelando esto «podría suponer un riesgo para la seguridad y defensa del Estado», dicen fuentes jurídicas explican a El Confidencial.
Asimismo, Laya pidió «transparencia» en la investigación del caso, deseando «que el juez llegue a la misma conclusión».
Por ello, el juez Rafael Lasala decidió mantener la investigación «por posibles delitos de falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento», dice la misma fuente.
No ha respondido a las preguntas de las acusaciones y se ha acogido a la ley de secretos oficiales en su declaración ante el juez
Cabe señalar que la entrada secreta (18 de abril) y salida en España de un presunto genocida, Brahim Ghali, en un avión argelino sin someterse a investigaciones de documentación o controles de fronteras, desató una crisis sin precedentes con Marruecos.
Laya fue puesta a investigación tras las declaraciones, el 13 de septiembre, de su mano derecha y jefe del gabinete, Camilo Villarino, cuando éste dejó claro la implicación de Laya al darle la autorización de hacer entrar a Ghali, pidiéndole «máxima discreción».
Es de señalar que Laya fue prevista del favor que se había beneficiado Ghali abril pasado, comparecer virtualmente, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza rechazara la solicitud de la Abogacía del Estado para que Laya declarara por videoconferencia.
