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Ismail El Khouaja
La ex ministra de Exteriores, Arancha González Laya, imputada a raíz de la entrada secreta a España del presunto líder del Polisario acusado de genocidio, Brahim Ghali, se ve provista del favor que se había beneficiado Ghali abril pasado: comparecer virtualmente.
Laya acudirá, el 4 de octubre a las 13 horas, a declarar personalmente, tras de que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza rechazara la solicitud de la Abogacía del Estado para que Laya declarara por videoconferencia, por su implicación en el llamado Caso Ghali, según EFE.
La investigación que está haciendo el juez, Rafael Lasala, ha sacudido la Moncloa, sobre todo tras hacerse con el testimonio de la mano derecha de Laya y jefe del gabinete, Camilo Villarino, donde éste dejó claro la implicación de Laya al darle la autorización de hacer entrar a Ghali, pidiéndole «máxima discreción».
Desde entonces, el 13 de septiembre cuando declaró Villarino, las cosas tomaron un nuevo rumbo.
En la Asamblea General de la ONU, organizada la semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió a su ex ministra, reiterando las «razones humanitarias» como motivo por el que el gobierno otorgó la entrada de Ghali.
Sin embargo, Sánchez evitó responder a la importante pregunta: ¿quién dio luz verde a Laya para otorgar la entrada clandestina de Ghali?
Los próximos días van a ser contundentes para conocer la verdad de un asunto que desató una crisis sin precedentes con Marruecos.
