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Ismail El Khouaja
A cada rayo de luz que vislumbra una mejora de las relaciones diplomáticas hispano-marroquíes, pronto se ve seguido de una tormenta.
La ambigua decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre la anulación de los acuerdos agrícola y pesquero entre Rabat y Bruselas ha generado una polémica en la escena política tanto nacional como internacional.
La anulación de los acuerdos entre Marruecos y la Unión Europea supondrá una pérdida para varios países europeos, sobre todo España que tiene la gran ventaja de la firma de dichos acuerdos (el 90% de los barcos que faenan en aguas marroquíes son españoles).
A raíz de eso, España pide a la UE así como a las instituciones europeas que recurran dicha sentencia. El Gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado que encontrará una manera para que los tratados entre Rabat y Bruselas sigan en vigor hasta que haya un fallo definitivo del tribunal europeo, según fuentes diplomáticas.
La sentencia, emitida a raíz de consideraciones políticas anti-marroquíes y pro Polisario, tiene como fecha máxima de suspensión de dos meses, ya que su anulación inmediata «podría tener graves consecuencias sobre la acción exterior de la Unión y poner en cuestión la seguridad jurídica de los compromisos internacionales asumidos por esta”, dice El País.
España quiere que el Consejo de la UE, que representa a los 27 Estados miembros, aproveche este plazo con el objetivo de presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que es la instancia superior al TGEU.
El objetivo de España es que el TJUE suspenda cautelarmente la sentencia hasta su pronunciamiento definitivo, que generalmente podría tardar al menos un año, según las fuentes consultadas.
España sigue esperando la formación del gobierno marroquí para entrar en contacto directo y discutir la sentencia.
La visita de los ministros de Exteriores de los dos países, Nasser Bourita (en funciones) y José Manuel Albares, aún no se ha concretado. La ausencia del primero en la Asamblea General de la ONU impidió que los dos discutan los asuntos que atraviesan los dos países.
La esperada reunión en Nueva York se convirtió en una llamada telefónica en la que los dos ministros quedaron, sin die, para verse personalmente.
Albares tiene la cometida tarea para convencer a las autoridades marroquíes de que la sentencia del TGUE «se trata de una decisión de las instancias judiciales europeas a la que el Gobierno español no solo es absolutamente ajeno sino que, además, está en desacuerdo con la misma; e intentar que este revés no haga descarrilar el proceso de normalización diplomática entre los dos países que se encuentra muy avanzado», según las mismas fuentes.
A raíz de la sentencia, el Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita, en una declaración conjunta con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, anuncian que «hemos tomado nota sobre la sentencia» y «tomaremos las medidas necesarias para asegurar el marco legal que garantice la continuidad y estabilidad de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos», en un comunicado.
«Seguimos plenamente preparados para continuar la cooperación entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, en un ambiente tranquilo y con compromiso, con el fin de fortalecer la Asociación Euro-Marroquí para la prosperidad compartida, que se puso en marcha en junio de 2019», agregaron.
«Esta asociación igualitaria se basa en una sólida relación bilateral, basada en la confianza y el respeto mutuo, entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea, que al mismo tiempo contribuye al fortalecimiento de esta relación bilateral, por un lado, y con los Estados miembros, por otro», concluyeron.
