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Ismail El Khouaja
El Ministerio del Interior ha lanzado un proyecto de reforma que marcará un antes y después en cuanto a la gestión de la distribución de energía eléctrica, agua potable y saneamiento líquido, anuncia el portal marroquí Medias24.
Se hará un cambio radical a nivel estructural del sector. Los delegados y las sociedades gestoras se reemplazarán por Empresas Regionales de Multiservicios (SRM sus siglas en francés), sociedades anónimas con participación pública.
«las SRM tendrán la condición de sociedades anónimas con participación pública (ayuntamientos, comarcas, Gobernación)» y que «heredarán la activos y recursos, así como personal. La plantilla se estima en unas 20.000 personas, que se integrarán en los MUR con su antigüedad, experiencia, retribución, etc.”, informa el gobernador y director de redes públicas locales del Ministerio del Interior, Mustapha El Habti.
El objetivo del proyecto es que el Estado recupere la gestión delegada de los servicios de distribución de agua y electricidad con licencia y de tratamiento de aguas residuales.
El Habti, considera que ya es otra de cambiar el sistema antiguo de distribución de agua y electricidad gestionado por empresas extranjeras delegadas como Lydec, Modis, Redal, etc.
“Una vez finalizados sus contratos (2027 para Lydec, 2026 para enmiendas y 2028 para Redal), el Estado tendrá que garantizar la gestión directa a través de tipos de SDL regionales denominados SRM para empresas regionales de multiservicio”, informa Consonews.
Según Habti, este sistema «ha mostrado sus límites», y el nuevo sistema permitirá una mejor equidad entre territorios, garantizará más eficiencia en la acción pública, profesionalizará la gestión y la modernizará en todo el territorio y no solo en unos pocos núcleos urbanos, como informa El Habti.
El proceso de reforma se inició formalmente el 29 de julio de 2021, con la firma de un memorando de entendimiento entre tres ministros y el director general de la ONEE.
Tras la firma, se crearon dos comités: un comité de seguimiento liderado por Gobernación y los demás signatarios; y un comité directivo presidido por el ministro del Interior.
