Rue20 en español / Mequínez
La situación crítica que viven los migrantes sin papeles en Bélgica ha llevado a 450 migrantes, repartidos por la iglesia Saint Jean Baptiste Beguinage y las universidades ULB y VUB, a iniciar una huelga de hambre y de sed desde el 23 de mayo.
Dentro de la iglesia había muchos huelguistas, hombres y mujeres, de Pakistán, Nepal, Egipto, Marruecos y Argelia.
Hay algunos que llevan 10 años, 15 años, 20 años…y que no tienen la residencia y, por tanto, sin papeles para trabajar, a pesar de que tienen títulos de su país y llevan desde entonces trabajando sin papeles en la construcción, como camareros, como fontaneros o electricistas, cuidando de los pequeños y de los mayores.
El relator especial de la ONU sobre derechos humanos de migrantes, Felipe González Morales, ha tomado cartas en el asunto para sostener que el Gobierno belga “debería considerar emitir permisos de residencia temporal que permitan que toda persona que presente una solicitud para quedarse regularice el derecho de ejercer una actividad económica”.
Los inmigrantes de Bélgica piden al Gobierno que establezca un mecanismo permanente, independiente e imparcial que sea competente para examinar las solicitudes de regularización, ya que actualmente, las personas que desean regularizar su situación «se ven disuadidas de hacerlo por miedo a ser detenidas y expulsadas del país».
También defienden que es urgente precisar y ampliar las condiciones de acceso a los procedimientos de regularización.
Asimismo, quieren instar al Gobierno a proteger los derechos humanos de los inmigrantes sin papeles en materia de empleo, educación, vivienda y salud.
Para poner fin a la huelga, el Gobierno de Bélgica se ha visto obligado a iniciar la negociación y pensar en un acuerdo que ha llevado a un abandono progresivo de la huelga. El Gobierno de coalición belga se ha comprometido a abordar los casos en cuestión.
En efecto, en las últimas horas han comenzado a alimentarse y a reunirse con los funcionarios belgas desplazados a los lugares de la protesta, donde se han habilitado unas llamadas «zonas neutrales» en las que las autoridades se han comprometido a darles un trato individualizado.
