Rue20 en español / Rabat
Jamal Bourfissi
Si bien el Parlamento marroquí ha pedido a los sucesivos gobiernos de Marruecos que presten atención a las propuestas de leyes elaboradas por los parlamentarios y darlas el cuidado necesario aceptando su discusión y aprobación en el Parlamento, este llamado no ha encontrado la atención que merece por parte del Gobierno.
Las estadísticas demuestran que la legislación gubernamental domina casi por completo la legislación de los parlamentarios. El mandato legislativo, que expiró el pasado jueves, no se apartó de esta norma.
El porcentaje de propuestas de leyes aprobadas por la Cámara de Diputados durante la legislatura (2015-2021) no superó el 7 por ciento, es decir, solo 32 propuestas del total de 330 textos aprobados.
Los miembros de la Cámara de Representantes presentaron 257 proyectos de ley, pero el porcentaje de propuestas aprobadas es muy pequeño y no está a la altura de las expectativas de los parlamentarios.
La situación no está en las mejores condiciones en la Cámara de Consejeros, donde los textos legislativos del gobierno dominaron el total de textos aprobados durante la sesión de abril.
De los 50 textos legislativos aprobados por la Cámara de Consejeros, solo se aprobaron cinco proyectos de ley. Y de los 444 textos legislativos aprobados durante la legislatura (2015-2021), solo el 7 por ciento de las leyes fueron propuestas por los parlamentarios, mientras que la mayoría de las leyes aprobadas, es decir, 93 por ciento, son proyectos de leyes presentados por el gobierno.
¿Cómo explicamos esta paradoja? Si el parlamento es la institución legislativa y se supone que los parlamentarios desempeñan un papel importante en la legislación, ¿por qué el gobierno domina la legislación, mientras que la tarea de los parlamentarios se limita a discutir las leyes gubernamentales?
El gobierno dice que es él quien gestiona los asuntos públicos y promulga las leyes según las necesidades planteadas y las somete al parlamento.
Pero el Parlamento tiene otra opinión, ya que critica al gobierno por marginar las propuestas de leyes para dominar la legislación.
Es cierto que los parlamentarios no cuentan con los medios necesarios para promulgar legislación como la falta de expertos en diversas disciplinas y otros medios logísticos, pero sin embargo juegan un papel importante en el campo de la legislación y han propuesto leyes viables, sin embargo, el gobierno se negó a discutirlo.
Esto es lo que llevó a Hakim Benchamach, el presidente de la Cámara de Consejeros, al término del mandato legislativo, a exigir al gobierno que esté más abierto a la iniciativa legislativa del Parlamento y que interactúe positivamente con las propuestas de leyes.
Por su parte, Alhabib almalki, presidente de la Cámara de Representantes, habló sobre lo que llamó la incapacidad del gobierno para responder a las iniciativas legislativas de los diputados.
Almalki reiteró la importancia de las propuestas de leyes y sus ventajas, dado que el parlamentario debe ejercer de manera tangible sus poderes en la legislación, ya que contribuye a llenar el vacío legislativo en una serie de actividades y sectores sociales.
Sobre las razones de la marginación por parte del gobierno de la legislación de los parlamentarios, Almalki dijo que existe un desequilibrio en las capacidades, la experiencia y la información entre las autoridades legislativas y ejecutivas.
Almalki también habló de lo que llamó el dominio de una cultura que trata las iniciativas legislativas de los parlamentarios con cautela.
También atribuyó las razones de la marginación de la legislación parlamentaria a la mala comunicación entre las instituciones, es decir, entre el gobierno y el parlamento, entre los partidos y sus extensiones institucionales, y entre la mayoría y los partidos que los integran.
A la luz de mejorar las iniciativas legislativas de los parlamentarios, Almalki sugiere la necesidad de adjuntar cada propuesta de ley con un estudio que aborde su contexto, sus posibles efectos, y la justificación de las razones y objetivos de su propuesta.
También sugiere mejorar la formulación de propuestas mediante la creación de una unidad administrativa encargada de redactar leyes para apoyar a los miembros del parlamento en sus tareas legislativas, así como la creación del Centro Parlamentario de Estudios.
