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Más de un millón y 530 mil personas fueron detenidas entre el 25 de julio de 2020 y el 22 de abril de 2021 por violación de las medidas preventivas tomadas para luchar contra la propagación del Covid-19, declaró el ministro delegado ante el ministro del Interior, Noureddine Boutayeb.
En respuesta a dos preguntas centrales en la Cámara de Representantes, formuladas por los grupos de la mayoría y de la oposición sobre «las repercusiones del toque de queda nocturno durante el mes de Ramadán» y sobre «las medidas y dispositivos que acompañan a la prohibición de los desplazamientos nocturnos durante todo el mes sagrado», Boutayeb indicó «que los servicios de seguridad y las autoridades locales han detenido, desde el 25 de julio de 2020 hasta el 22 de abril de 2021, a más de un millón y 530 mil personas, lo que supone una media de más de 5.700 detenciones/día».
Esta cifra refleja el compromiso total de las autoridades encargadas de aplicar la ley en una operación de sensibilización a largo plazo para consagrar los valores necesarios, como la protección de los demás, como forma principal de erradicar las enfermedades transmisibles, precisó el ministro, agregando que se ha puesto a disposición judicial a unas 280.000 personas, es decir, el 18% de todas las personas detenidas.
En este sentido, Boutayeb destacó que el estado de emergencia sanitaria decretado el 20 de marzo de 2020 ha contribuido en gran medida a frenar la propagación de la Covid-19, lo que motivó su prórroga hasta el 10 de mayo de 2021 con el fin de permitir la adopción de las decisiones oportunas dictadas por la evolución de la situación epidemiológica en el país y hacer frente a cualquier amenaza sanitaria.
El Ministerio del Interior ha tomado la iniciativa, en el marco de sus competencias, y en apoyo de otros departamentos ministeriales concernidos, de instaurar las medidas necesarias para la preservación de la salud de los ciudadanos, adoptando un enfoque basado en la concienciación y sensibilización de la población sobre el respeto de las disposiciones legales para el mantenimiento del orden público, así como el rigor en la intervención para garantizar el cumplimiento de las medidas de precaución en vigor, señaló el responsable gubernamental.
Para poner en práctica esta orientación y para una mayor eficacia en la gestión de la próxima etapa, sobre todo después de la relajación observada en el respeto de las medidas preventivas y el aumento de los casos de contaminación, el gobierno publicó un decreto que impone a cualquier infractor el pago de una multa transaccional o a tanto alzado en caso de violación de las medidas en vigor, especialmente el uso obligatorio de la mascarilla, el toque de queda y los desplazamientos interurbanos, prosiguió.
